Propiedad intelectual y tech

La marca española se registra ante la OEPM conforme a la Ley 17/2001; la marca de la Unión, ante la EUIPO, protege en los veintisiete Estados con una sola solicitud. La consecuencia: si el negocio tiene vocación europea, la marca de la Unión suele ser más eficiente; si el conflicto previsible es local, la española da una base sólida y rápida. A menudo la respuesta correcta es una estrategia combinada.

El RGPD (Reglamento UE 2016/679) y la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018) obligan a toda empresa que trata datos personales: base jurídica para cada tratamiento, información a los interesados, contratos con encargados, registro de actividades y medidas de seguridad. La consecuencia: el cumplimiento no es un documento, es un sistema; y la mejor inversión es ordenarlo antes de la primera reclamación o brecha.

No necesariamente. Sin cesión expresa de derechos, quien encarga un desarrollo a un tercero independiente puede encontrarse con que la titularidad del código no le pertenece en la medida que cree. La consecuencia práctica: todo desarrollo externo necesita contrato con cesión de derechos en condiciones adecuadas, y las due diligence de inversión lo revisan siempre; regularizarlo a posteriori es posible, pero más caro.

La protección exige medidas razonables: identificar la información, restringir el acceso, firmar acuerdos de confidencialidad y trazar su uso. Sin esas medidas, la ley no considera que exista secreto que proteger. La consecuencia: si un empleado clave se marcha con el know-how y no hay contratos ni controles, la reclamación nace debilitada. El momento de protegerse es antes de la salida, no después.