Inmobiliario corporativo

Cuatro planos: titularidad y cargas en el Registro de la Propiedad; situación urbanística y licencias; contratos que acompañan al activo (arrendamientos, mantenimiento, seguros); y contingencias técnicas y medioambientales. La consecuencia: la mayoría de los problemas caros de una operación inmobiliaria ya existían antes de comprar y eran detectables; la due diligence es la diferencia entre precio y sorpresa.

En el arrendamiento para uso distinto de vivienda rige ante todo lo pactado en el contrato; la ley actúa en gran medida como supletoria. La consecuencia práctica: en el inmobiliario corporativo el contrato lo es casi todo —duración, actualización de renta, obras, cesión, garantías— y cada cláusula mal negociada se paga durante años. Negociar bien al firmar es más barato que litigar al salir.

Con carácter general sí, aunque la operación puede exigir trámites específicos (identificación fiscal, medios de pago documentados, obligaciones PBC del sector) y, en activos singulares ligados a sectores estratégicos, el análisis del régimen de inversiones exteriores. La consecuencia: la compra es viable y habitual, pero la estructura —directa o mediante sociedad, financiación, fiscalidad— debe decidirse antes de la oferta; cambiarla después cuesta impuestos.

El impago habilita la resolución del contrato y la reclamación de rentas, con el procedimiento de desahucio para recuperar el inmueble. La consecuencia: la rapidez depende de cómo esté redactado el contrato y de las garantías constituidas (fianza, aval, garantías adicionales). Un contrato corporativo bien armado convierte un impago en un trámite; uno débil, en un año de pérdida de renta.